Una inversión inmobiliaria en Estados Unidos que prometía rentabilidad en dólares terminó en una denuncia penal por una presunta estafa millonaria. Siete futbolistas argentinos aparecen entre los inversores que reclaman por operaciones realizadas en Baltimore, donde habrían aportado dinero para comprar viviendas, remodelarlas y ponerlas en alquiler. El monto total reclamado asciende a 2.679.000 dólares.

La presentación fue realizada ante la Justicia de La Plata y solicita investigar posibles delitos de estafa y asociación ilícita. Entre los futbolistas mencionados como damnificados figuran Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Lucas Rodríguez, Juan Francisco Brunetta, Gonzalo Maroni, Facundo Fraga y Alejandro Gastón Mena.

La propuesta consistía en aportar capital desde Argentina para adquirir casas en Baltimore, en el estado de Maryland, realizar refacciones y luego obtener ingresos mediante los alquileres. El negocio se ofrecía bajo una modalidad denominada “llave en mano”, que incluía la administración de las propiedades y una rentabilidad anual estimada de entre el 10 y el 11 por ciento.

Para concretar las operaciones, los inversores debían constituir sociedades de responsabilidad limitada en Estados Unidos, conocidas como LLC. Según la denuncia, los promotores del negocio se ocupaban de las compras, las reformas, los trámites societarios y bancarios y las liquidaciones periódicas de ingresos y gastos.

Las reuniones para captar interesados se habrían realizado en hoteles de La Plata y Puerto Madero. En algunos casos, el dinero se entregaba en efectivo en territorio argentino, mientras que los inversores recibían información sobre las obras, los contratos de alquiler y los supuestos rendimientos de cada propiedad.

Propiedades que no habrían sido transferidas

Uno de los puntos centrales de la presentación es que varias viviendas no habrían sido escrituradas a nombre de las sociedades constituidas por los inversores. También se cuestionan las liquidaciones de alquileres y la interrupción de los pagos que, según los denunciantes, se habían comprometido.

Entre los casos detallados aparece el de un inversor que asegura haber entregado 130.000 dólares en noviembre de 2023 para adquirir una casa en Wilhelm Street, Baltimore. La propiedad debía pasar a nombre de su sociedad después de una remodelación estimada en cinco meses. Sin embargo, sostiene que nunca recibió la titularidad del inmueble ni se abrió la cuenta bancaria prevista para cobrar los alquileres.

El denunciante afirma que, tras viajar a Estados Unidos, obtuvo información según la cual la vivienda continuaba registrada a nombre de otra sociedad y acumulaba multas, servicios impagos e infracciones que impedían concretar la transferencia. La presentación también calcula que quedaron pendientes 20.569 dólares en concepto de alquileres desde junio de 2024.

Otra operación cuestionada involucra una inversión de 130.000 dólares para una casa de E. Madison Street. Los denunciantes sostienen que recibieron liquidaciones y depósitos identificados como alquileres, pero nunca obtuvieron la escritura a nombre de la sociedad que habían constituido. Según su relato, el propietario registral les habría manifestado que no autorizó la venta en las condiciones informadas ni recibió el dinero.

Quiénes fueron denunciados

La presentación apunta contra Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Müller y César Humberto Fernández. También solicita que se investigue la eventual participación de otras personas y menciona a la inmobiliaria Falcioni Propiedades por su presunta intervención en una de las operaciones.

El escrito describe distintos roles en la captación de inversores, la recepción de dinero, la administración de las propiedades y la constitución de las sociedades estadounidenses. Uno de los denunciantes es el contador Emiliano Ezequiel Galletti, quien aseguró haber invertido fondos propios y administrado capital de clientes, entre ellos personas vinculadas al fútbol profesional.

Los denunciantes solicitaron incorporar conversaciones, audios, registros de pagos, documentación societaria y datos sobre la titularidad de los inmuebles. También pidieron reconstruir el recorrido del dinero y determinar quién lo recibió, cuál fue su destino y quién cobró efectivamente los alquileres.

La causa quedó radicada en la UFIJ N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de La Plata. La investigación deberá establecer si las operaciones cuestionadas integraron una misma maniobra y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los señalados.