“Soy el jefe de la Corte Suprema”. Con esa presentación, integrantes de una organización que operaba desde una cárcel de Jujuy se hacían pasar por el juez Horacio Rosatti para conseguir información sobre personas detenidas y después contactar a sus familiares. Les ofrecían supuestas fianzas o libertades a cambio de transferencias de dinero. Ahora, el fiscal federal Franco Picardi pidió que los cuatro acusados sean enviados a juicio oral.

Tal como pudo reconstruir Fiscales.gob.ar, los imputados cumplen condenas en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de Jujuy por otros delitos. La fiscalía los acusa de integrar una asociación ilícita que funcionó, al menos, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, y que también realizó estafas mediante falsos premios y una extorsión.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, subrogado por el juez Julián Ercolini. Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, les atribuyó asociación ilícita, usurpación de autoridad en ocho oportunidades, dos estafas y extorsión mediante simulación de autoridad pública.

La maniobra tenía dos etapas. Primero, los integrantes del grupo llamaban a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad de distintas provincias. Se presentaban como Rosatti o como integrantes de supuestas comisiones de derechos humanos y pedían datos de personas detenidas: nombres, causas judiciales, condiciones de alojamiento y teléfonos de sus familiares.

Con esa información, contactaban a los allegados y les ofrecían gestionar una libertad o una fianza. Para dar credibilidad al engaño, utilizaban perfiles de WhatsApp con fotografías del magistrado o de edificios judiciales, y cuentas y alias de transferencias que simulaban pertenecer al Poder Judicial.

Uno de los episodios que permitió reconstruir el mecanismo ocurrió el 25 de noviembre de 2024. Ese día, un hombre llamó al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Solicitó un listado actualizado de personas detenidas y los teléfonos de sus familiares.

El comisario que recibió la comunicación sospechó del pedido y logró grabar parte de la conversación. Luego, la jefatura de seguridad de la Corte confirmó que el magistrado no había realizado ningún requerimiento de ese tipo. La investigación posterior permitió establecer que la línea utilizada tenía actividad en las inmediaciones del penal jujeño.

Los llamados también llegaron a dependencias de la Policía Federal en Santa Fe, Esquel y Neuquén, a Gendarmería Nacional, a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense en Batán y a dependencias policiales de Río Negro. En algunos casos, los estafadores exigieron entre 600.000 y 800.000 pesos a familiares de detenidos para supuestamente gestionar su liberación. La investigación también detectó dos engaños con falsos premios y una extorsión.

En uno de esos casos, un hombre creyó que había ganado un automóvil y realizó seis transferencias por un total de 429.500 pesos para cubrir supuestos gastos administrativos. En otro, una víctima recibió durante meses mensajes y llamadas en los que le anunciaban que había ganado un servicio de telefonía satelital. Según su estimación, perdió entre 9 y 10 millones de pesos y también envió tres electrodomésticos valuados en alrededor de 1.800.000 pesos cada uno.

La extorsión tuvo como víctima al familiar de un detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Le dijeron que su hijastro había sufrido una convulsión y le exigieron dinero para liberarlo. El hombre terminó transfiriendo 450.000 pesos.

Las pruebas reunidas incluyen intervenciones telefónicas, análisis de antenas, informes de compañías de telefonía y entidades financieras, declaraciones de víctimas y allanamientos en el penal. Durante esos procedimientos se encontraron teléfonos celulares escondidos en colchones, zócalos y techos, además de tarjetas SIM y anotaciones con números telefónicos, cuentas bancarias y alias.

Para la fiscalía, los cuatro imputados tenían funciones diferenciadas: algunos se ocupaban de los llamados, de obtener información y de recibir o derivar el dinero; otros tenían a su cargo conseguir, guardar y ocultar los teléfonos y las tarjetas SIM utilizadas para las maniobras.

Además de pedir la elevación a juicio, Picardi solicitó que se investigue la posible participación de tres mujeres vinculadas con los acusados, cuyas cuentas habrían sido utilizadas para recibir o canalizar el dinero. El fiscal pidió que sean convocadas a prestar declaración indagatoria.

Los cuatro hombres continúan detenidos. Si las acusaciones llegan a acreditarse en un juicio, los delitos atribuidos incluyen penas que pueden alcanzar los diez años de prisión.