El exintendente de Moreno Walter Festa acordó una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de una causa por defraudación a la administración pública. El acuerdo se produjo cuando debía enfrentar un juicio oral por una maniobra de contratación de empleados municipales que, según la investigación, cobraban salarios sin cumplir funciones.

La novedad fue confirmada a El Policial por una fuente vinculada a la investigación. Además, este medio pudo saber que la Fiscalía presentó un requerimiento de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes.

La propuesta contempla para Festa y Lucía Alejandra Vázquez, exempleada del área de Recursos Humanos municipal, tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por el mismo plazo e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El documento también solicita dos años de prisión en suspenso para Gisela Alejandra Hauscarriaga, Jorge Alberto Vila y Fernando Sebastián Adorno, mientras que para Hugo Rubén Ortiz propone dos meses de prisión efectiva. En todos los casos se requiere inhabilitación especial perpetua.

Los empleados que cobraban sin trabajar

La investigación se inició por una presunta maniobra de desvío de fondos municipales durante la gestión de Festa, quien gobernó Moreno entre 2015 y 2019. Según la acusación impulsada por Walter Velázquez de la UFI N° 8 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Gabriela Urrutia, el municipio designaba personas que figuraban como empleados o asesores, pero que no cumplían funciones reales.

Los salarios, de acuerdo con la investigación, terminaban en manos de Hugo Rubén Ortiz, dirigente del movimiento social Octubres, y eran utilizados para financiar actividades políticas y movilizaciones en apoyo al entonces intendente.

Uno de los episodios investigados ocurrió en abril de 2019, cuando Festa habría ordenado confeccionar decretos para reemplazar a Fernando Sebastián Adorno por Jorge Alberto Vila como asesor de gabinete.

Los documentos fueron elaborados el 5 de abril, pero establecían movimientos retroactivos al primer día de ese mes. Para la Fiscalía, esa maniobra formaba parte de las irregularidades destinadas a sostener designaciones sin prestación efectiva de servicios.

La pesquisa también incluyó la situación de Hauscarriaga, quien, según la acusación, percibía un salario municipal sin desempeñar tareas.

El caso derivó en allanamientos realizados el 10 de abril de 2019, cuando fueron detenidas cuatro personas vinculadas con el movimiento Octubres y se secuestraron teléfonos y documentación.

El acuerdo judicial

El juicio oral estaba previsto para comenzar el 17 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes, con Festa y otros cinco acusados. Sin embargo, las partes avanzaron hacia un procedimiento abreviado, que permite resolver el proceso sin desarrollar el debate oral completo, siempre que se cumplan los requisitos legales y el tribunal acepte el acuerdo.

En las imágenes del requerimiento, la Fiscalía encuadra los hechos como defraudación a la administración pública, conforme al artículo 174, inciso 5°, del Código Penal. La pena solicitada para Festa es de tres años de prisión en suspenso, por lo que no implicaría su ingreso a una cárcel si el tribunal la aprueba en esos términos y se mantienen las condiciones legales correspondientes.

La inhabilitación especial perpetua, en cambio, le impediría ejercer los cargos públicos comprendidos en la sentencia. Hasta el momento, la documentación conocida corresponde al requerimiento fiscal de juicio abreviado y no a una sentencia definitiva.

Festa también aparece mencionado en investigaciones independientes por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que tramitan en otros expedientes y no forman parte de este acuerdo.

El acuerdo de juicio abreviado ya fue suscripto por las partes y se encuentra pendiente de homologación por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes, según confirmaron fuentes vinculadas al expediente. Una vez aprobado, quedarán formalmente establecidas las penas acordadas, entre ellas los tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos solicitados para el exintendente.