La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó internacionalmente al Estado argentino por la destitución del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, quien fue removido de su cargo en diciembre de 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En una sentencia dictada el 20 de agosto de 2026 y notificada el 12 de noviembre, el tribunal concluyó que el juicio político llevado adelante por el Congreso vulneró la independencia judicial, las garantías del debido proceso y los derechos políticos del magistrado, al considerar que su salida estuvo vinculada con los criterios jurídicos que había sostenido en distintos fallos.
Moliné O’Connor había asumido como integrante de la Corte Suprema el 6 de agosto de 1990. Su destitución se produjo en un contexto de cuestionamientos a la composición del máximo tribunal, luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner reclamara públicamente al Congreso que avanzara con la separación de uno o varios de sus integrantes.
El 3 de julio de 2003, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados declaró admisibles cuatro pedidos de enjuiciamiento contra el magistrado. La acusación terminó incluyendo nueve cargos por supuesto mal desempeño, relacionados con decisiones adoptadas por la Corte Suprema en tres expedientes: las causas “Meller S.A.”, “Magariños” y “Macri”.
Sin embargo, la destitución finalmente se apoyó en dos de esas imputaciones, ambas vinculadas con la causa “Meller S.A.”. En ese expediente se cuestionaba que Moliné O’Connor hubiera contribuido a legitimar judicialmente un procedimiento administrativo presuntamente fraudulento y que hubiera abdicado de su responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad. Los reproches estaban relacionados con la decisión de la mayoría de la Corte de no revisar un laudo arbitral cuestionado por el Estado nacional.
Para la Corte Interamericana, ese punto resultó determinante. Al analizar las actuaciones, sostuvo que el Congreso no acreditó conductas ilícitas deliberadas ni negligencia inexcusable por parte del magistrado, sino que fundamentó su remoción en la discrepancia de los legisladores con la interpretación jurídica que había sostenido en el ejercicio de su función judicial.
En ese sentido, el tribunal recordó que la independencia judicial protege a los magistrados frente a eventuales represalias por el contenido de sus decisiones. Aclaró, de todos modos, que los jueces pueden ser sometidos a procedimientos disciplinarios e incluso destituidos cuando existan conductas ilícitas debidamente acreditadas, causales legales y respeto por las garantías del debido proceso. Lo que consideró incompatible con la Convención Americana fue utilizar un juicio político para sancionar a un magistrado por el criterio jurídico expresado en sus sentencias.
Las irregularidades durante el juicio político
La sentencia también examinó el procedimiento que se desarrolló en el Senado. Entre otros aspectos, cuestionó que las recusaciones presentadas por la defensa contra distintos legisladores fueran rechazadas sin expresar los fundamentos de esas decisiones.
Además, señaló que el 8 de octubre de 2003 el Senado dispuso la suspensión preventiva de Moliné O’Connor, sin goce de haberes, sin explicar adecuadamente las razones de la medida ni realizar un análisis de su proporcionalidad. El tribunal consideró que esas decisiones afectaron el derecho del magistrado a contar con resoluciones debidamente fundamentadas y con una autoridad imparcial durante el proceso.
Moliné O’Connor fue finalmente destituido el 3 de diciembre de 2003. Posteriormente, su defensa cuestionó judicialmente la decisión, pero la Corte Interamericana también encontró vulneraciones en la respuesta brindada por los tribunales argentinos. En particular, consideró que no existió una revisión judicial efectiva de los planteos vinculados con las garantías del procedimiento y la independencia judicial.
La pensión y las indemnizaciones
Otro de los aspectos abordados fue la revocación de la pensión vitalicia que le correspondía al exmagistrado en virtud de la Ley 24.018. La Corte Interamericana concluyó que esa decisión vulneró sus derechos a la seguridad social y a la propiedad privada. También consideró que el reclamo judicial iniciado para cuestionarla se prolongó durante un plazo irrazonable, superior a una década.
En su resolución, el tribunal declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos, el trabajo, la seguridad social y la propiedad privada de Moliné O’Connor, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La sentencia también reconoció una afectación a su proyecto de vida, al considerar que la destitución interrumpió abruptamente una trayectoria de más de trece años en el máximo tribunal y alteró sus expectativas de desarrollo personal y profesional. Este punto fue aprobado por tres votos contra tres, con disidencias parciales de algunos integrantes del tribunal.
Moliné O’Connor falleció el 20 de agosto de 2014, por lo que la restitución en el cargo ya no resultaba posible.
En materia de reparaciones económicas, la Corte ordenó al Estado argentino pagar 600.000 dólares en concepto de daño material, por lucro cesante, y otros 25.000 dólares por daño inmaterial. A esas sumas se agregan 30.000 dólares por costas y gastos del proceso. De esta manera, las indemnizaciones y los gastos reconocidos ascienden a un total de 655.000 dólares.
Los montos correspondientes a los daños deberán distribuirse entre su esposa y sus hijos, mientras que la suma por costas y gastos será destinada a sus representantes.
Además, ordenó regularizar el régimen de la pensión que le correspondía al exjuez, incluidos los eventuales derechos de sus beneficiarios, con efectos desde el 20 de agosto de 2014, fecha de su fallecimiento. Para cumplir con esa medida, el Estado tendrá un plazo de un año desde la notificación de la sentencia.
Por último, dispuso que Argentina publique y difunda el fallo y su resumen oficial en distintos medios y organismos públicos. También estableció que las autoridades nacionales deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional —que regula las causales de juicio político— de conformidad con los estándares de independencia judicial, debido proceso y derechos políticos establecidos en la Convención Americana.
El Estado deberá presentar ante la Corte Interamericana un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia dentro del plazo de un año.
