Dos mujeres descubrieron que las personas que figuraban como sus padres en las partidas de nacimiento no eran sus progenitores biológicos. La investigación judicial determinó que ambas tenían algo más en común: los documentos con los que fueron inscriptas llevaban la firma de la misma obstetra, ahora acusada de alterar sus filiaciones.
La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron la elevación a juicio de la causa contra Olga Concepción Artale de Silva, una médica de 87 años imputada por los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.
Según la hipótesis de la investigación, la profesional habría extendido certificados de nacido vivo con información falsa que luego fueron utilizados para inscribir a las niñas en el Registro Civil. Los hechos corresponden a nacimientos registrados en 1981 y 1982.
El pedido de llevar el caso a juicio se presentó después de que quedara firme el procesamiento de la médica, dictado en agosto por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros. La obstetra permanece en libertad.
Dos historias, una misma investigación
Las denuncias fueron presentadas en 2022 y 2023 por Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos. Ambas habían advertido que no existía un vínculo biológico con quienes aparecían como sus padres en sus partidas de nacimiento.
Alzugaray fue criada en la localidad santafesina de Maciel. Desde chica sabía que no era hija biológica de la pareja que la había criado, pero esa circunstancia no estaba reflejada en su documentación. Su partida consignaba como fecha de nacimiento el 11 de junio de 1981.
Según relató ante la Justicia, su padre de crianza le había contado que el contacto para su entrega se había establecido a través de una hermana de la médica. También señaló que fue llevada a una vivienda de la calle Richieri al 2000, en Rosario.
Lobos, por su parte, descubrió en la adultez que tampoco era hija biológica de quienes figuraban como sus progenitores. En su partida constaba que había nacido el 5 de agosto de 1982.
La búsqueda de sus orígenes llevó a Alzugaray a conocer a Lobos. Al advertir las coincidencias entre ambas historias, las mujeres denunciaron los hechos y se constituyeron como querellantes.
Las pruebas genéticas y el avance de la causa
Para avanzar en la investigación, la Justicia autorizó la toma de muestras biológicas de las denunciantes y de quienes figuraban como sus padres. En el procedimiento intervinieron el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Los perfiles genéticos fueron enviados al Banco Nacional de Datos Genéticos. Los informes periciales descartaron la existencia de un vínculo biológico entre las mujeres y sus respectivos padres de crianza, lo que confirmó la discrepancia con las filiaciones registradas oficialmente.
El trámite judicial tuvo una interrupción por las evaluaciones sobre la capacidad de la imputada para comprender el proceso. En marzo de 2026, un segundo examen concluyó que presentaba un deterioro cognitivo leve, pero que estaba en condiciones de afrontar la causa. En agosto, el juez dictó su procesamiento sin prisión preventiva.
La Fiscalía y la querella sostienen que la intervención atribuida a la obstetra permitió que las filiaciones cuestionadas quedaran asentadas en documentos públicos, con consecuencias sobre la identidad de ambas mujeres.
Buscan a las madres biológicas
Además del avance hacia el juicio, la Unidad Fiscal Rosario pidió colaboración para identificar o localizar a las posibles madres biológicas de Alzugaray y Lobos. La convocatoria está dirigida especialmente a mujeres que hayan dado a luz en fechas próximas al 11 de junio de 1981 y al 5 de agosto de 1982 y que puedan aportar información relevante.
Quienes tengan datos pueden comunicarse con el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario al 341-2859127 o escribir a atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar.
La Fiscalía aclaró que este expediente no está relacionado con otra investigación reciente en la que se encuentra imputada una partera de 88 años conocida como “Dolly”. Se trata de causas distintas, con profesionales y hechos investigados por separado.
