El bioquímico de 71 años detenido en Esquel, acusado de mantener aislados a su pareja y sus tres hijos, seguirá en prisión preventiva durante diez días mientras avanza la investigación. En las últimas horas, su abogado defensor sostuvo que el hombre se había recluido en su vivienda después de denunciar una presunta extorsión y sufrir una golpiza en la localidad chubutense de Trevelin.

La causa se inició a partir de la denuncia de una vecina, que el 10 de octubre alertó a las autoridades sobre la situación de una familia que prácticamente no tenía contacto con el exterior. El jueves 22, un allanamiento permitió ingresar a la vivienda y poner bajo asistencia médica y psicológica a la mujer y a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad.

La Fiscalía imputó provisoriamente al hombre por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La Justicia dispuso diez días de prisión preventiva para permitir el avance de las medidas de prueba y evitar posibles interferencias en la investigación.

La explicación de la defensa

Daniel Sandoval, abogado del acusado, sostuvo que su defendido había atravesado episodios de violencia y amenazas que modificaron su vida cotidiana. Según declaró en entrevistas con medios nacionales, el hombre había denunciado una presunta extorsión y una agresión física que habría sufrido en Trevelin.

El letrado afirmó que ambas denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía de Esquel y posteriormente archivadas. También vinculó esos episodios con la decisión de su cliente de alejarse de la exposición pública y recluirse en su domicilio.

De acuerdo con la versión del defensor, el bioquímico se había instalado en la zona cordillerana con la intención de desarrollar un laboratorio dedicado a la investigación farmacológica y a la elaboración de sustancias medicinales.

La defensa también cuestionó que el aislamiento de la familia permita concluir, por sí solo, que existió una privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, esa explicación deberá ser contrastada con los testimonios, las pericias y los demás elementos que reúna la Fiscalía.

La denuncia que derivó en el allanamiento

La investigación comenzó cuando una vecina manifestó su preocupación por la dinámica de la vivienda. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la mujer advirtió que las ventanas permanecían cubiertas con telas o papeles, que la actividad en el interior parecía concentrarse durante la noche y que los hijos de la pareja no salían habitualmente a la calle.

También había escuchado gritos y expresiones que le generaron preocupación durante la madrugada. Ante esas alertas intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia. Los profesionales se presentaron en el domicilio, pero el hombre les negó el ingreso y no permitió que entrevistaran al grupo familiar.

El informe posterior advirtió sobre una situación de riesgo que llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de allanamiento urgente. El operativo se concretó el 22 de octubre con la participación de la Brigada de Investigaciones, la Policía Comunitaria, organismos de protección de derechos y profesionales de la salud. Durante el ingreso, los efectivos escucharon pedidos de auxilio y encontraron a los integrantes de la familia en distintos sectores de la vivienda.

La mujer y los tres jóvenes quedaron bajo asistencia profesional. Las autoridades indicaron que debían evaluar su estado de salud psicofísica y otras circunstancias de su vida cotidiana.

Qué investiga la Justicia

La causa busca establecer cuánto tiempo habría durado el presunto encierro, cuáles eran las condiciones de vida de la familia y si existieron restricciones a la libertad de circulación de la mujer y sus hijos.

Otro de los puntos que deberá esclarecerse es el estado de salud mental del imputado y si comprendía el alcance de sus actos. La Fiscalía anticipó la realización de una evaluación psiquiátrica.

El Ministerio Público Fiscal también señaló que los datos sobre la formación, la trayectoria y el desempeño profesional expuestos por el acusado durante la audiencia deberán ser corroborados.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la imputación provisoria de abandono de persona agravado por el vínculo y privación ilegítima de la libertad. La responsabilidad penal del acusado todavía debe determinarse.