Una organización dedicada a las entraderas, con vehículos robados, patentes intercambiadas y tareas de vigilancia sobre las viviendas que elegía como objetivos. Una estructura que distribuía funciones entre quienes ingresaban a las casas, los que esperaban en los autos y quienes se ocupaban de preparar los movimientos para evitar ser detectados. Y un elemento que terminó de darle otra dimensión a la investigación: una integrante de la Policía de la Ciudad que habría utilizado información y recursos de la fuerza para favorecer las maniobras del grupo.

La investigación que comenzó con el homicidio de Osvaldo Héctor Galella, un jubilado de 74 años asesinado durante una entradera en Coghlan, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización a la que se le atribuyen distintos robos cometidos en barrios porteños desde julio de 2025.

El fiscal José María Campagnoli, titular de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, solicitó la elevación a juicio de la causa contra ocho personas, entre ellas una oficial de la Policía de la Ciudad. El pedido fue presentado por el auxiliar fiscal Agustín Serra ante el juez Ricardo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22.

Según la acusación, dos hombres identificados por sus iniciales como H.G.A. y J.H.T. encabezaban la organización. Los otros seis imputados habrían cumplido diferentes funciones, desde la vigilancia de los domicilios hasta la conducción de los vehículos y el acceso a información policial.

La estructura habría mantenido actividad, al menos, desde el 14 de julio de 2025. La modalidad se repetía: primero seleccionaban una vivienda y observaban sus movimientos durante varios días. Después, cuando consideraban que estaban dadas las condiciones, algunos integrantes ingresaban por la fuerza, reducían a los ocupantes y buscaban dinero, joyas y otros objetos de valor. Mientras tanto, otros permanecían en las inmediaciones para controlar la zona y garantizar la fuga.

Autos robados y patentes intercambiadas

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue la logística que utilizaba la organización para trasladarse. La fiscalía identificó una flota de vehículos integrada por un Renault Sandero, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 blancos; un Chevrolet Spin azul; un Fiat Grand Siena y un Fiat Cronos grises, y un Toyota Yaris negro.

Los automóviles eran utilizados con distintas maniobras para dificultar su identificación. En algunos casos les retiraban las chapas patentes y en otros colocaban placas sustraídas a vehículos similares que no registraban impedimentos para circular.

La acusación sostiene que los integrantes también obtenían automóviles de procedencia ilícita y se ocupaban de conseguir información sobre la situación registral y policial de los dominios que utilizaban.

En ese esquema aparece el papel de una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como M.N.B.D.C., de 31 años, pareja conviviente de uno de los integrantes de la banda.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, la mujer habría abusado de su condición de integrante de la fuerza para consultar información y utilizar recursos de la institución. Su tarea consistía, entre otras cosas, en verificar que las patentes sustraídas que colocaban en los vehículos no tuvieran denuncias que pudieran generar alertas y que los automóviles no registraran impedimentos para circular.

Para la fiscalía, ese aporte resultaba crucial tanto para concretar los asaltos como para favorecer la impunidad de la organización.

El asalto en el que murió Osvaldo Galella

El episodio que permitió conectar las distintas investigaciones ocurrió durante la madrugada del 24 de enero de 2026, en una vivienda de la calle Núñez al 4000, en el barrio porteño de Coghlan. Alrededor de las 4.30, Osvaldo Galella, de 74 años, dormía junto a su esposa, de 73, cuando tres hombres ingresaron después de forzar la reja de una ventana.

Los asaltantes despertaron al matrimonio a golpes y comenzaron a exigirles dinero. Galella intentó defender a su esposa, pero fue reducido y atado por dos de los delincuentes, mientras un tercero le tapaba la boca y golpeaba a la mujer para que entregara sus pertenencias.

En medio de la agresión, el jubilado se descompensó. Su esposa les pidió a los asaltantes que lo asistieran, pero, según la reconstrucción fiscal, continuaron con el robo. Se llevaron dinero en efectivo, joyas y un teléfono celular.

El hombre murió en el lugar. El Cuerpo Médico Forense determinó que la causa del fallecimiento fue una cardiopatía hipertrófica e isquémica con congestión pulmonar. La investigación atribuyó el ingreso a la vivienda a J.H.T., R.D.M. y J.L.V. Sin embargo, la participación del resto de la organización también habría sido determinante para preparar y concretar el asalto.

La fiscalía estableció que M.R.R. y M.A.F. habían realizado tareas de vigilancia en las inmediaciones de la casa los días 18, 22 y 23 de enero, además de la misma madrugada del homicidio, cuando alertaron a sus cómplices sobre las condiciones para ingresar.

La reconstrucción de los movimientos de esa noche permitió establecer que alrededor de las 2.30 M.R.R. llegó en un Fiat Grand Siena a un punto de encuentro en Villa Maipú, partido de San Martín. Después apareció M.A.F. en un Peugeot 208 al que le habían retirado las patentes. Se las entregó a su compañero para que las guardara y ambos se dirigieron hacia Coghlan.

En paralelo, el grupo que ingresaría a la vivienda se había reunido en La Matanza. Desde allí se trasladó en un Toyota Yaris negro aportado por H.G.A. Ese automóvil había sido robado en Haedo, partido de Morón, el 16 de septiembre de 2025. Además, circulaba con chapas identificatorias sustraídas ese mismo día de otro vehículo similar estacionado en el barrio porteño de Vélez Sarsfield.

La esposa de Galella declaró en la causa y describió las consecuencias que tuvo el crimen para su familia. Después de 54 años de matrimonio, tuvo que abandonar la vivienda y todavía no podía regresar para retirar sus pertenencias. «Por dos pesos se llevaron la vida de mi marido», expresó. También sostuvo: «Lo único que quiero es que paguen por lo que hicieron».

Cinco entraderas y una modalidad que se repetía

El análisis del homicidio permitió vincular el episodio con otra investigación que ya seguía una serie de robos con características similares. El primero de los hechos atribuidos a la organización ocurrió el 14 de julio de 2025 en Estomba al 3100, también en Coghlan. Después de intentar ingresar sin éxito a una vivienda, H.G.A. y J.H.T., junto con otros tres hombres todavía no identificados, entraron a otra propiedad de la misma cuadra.

Allí redujeron a una mujer y a su sobrino de 16 años. Los delincuentes les exigieron que indicaran dónde estaba el equipo que almacenaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, conocido como DVR, para evitar quedar registrados. Luego los ataron con precintos y los encerraron en un baño. Se llevaron dinero, joyas, documentación, perfumes, zapatillas y otros objetos, y escaparon en un Chevrolet Spin azul y un Toyota Corolla blanco.

El 8 de septiembre volvieron a actuar en Villa del Parque. Esta vez ingresaron a una casa de Ricardo Gutiérrez al 2600, donde golpearon al hombre que estaba en el domicilio y sustrajeron computadoras, dinero, joyas, una consola de videojuegos y distintos elementos personales. Huyeron en un Toyota Corolla.

El siguiente episodio ocurrió el 29 de septiembre en Asunción al 3700, en Villa Devoto. Una mujer y su hija fueron sorprendidas en la cocina y reducidas por los asaltantes, que les dijeron que tenían secuestrado al marido. Cuando el hombre llegó a la vivienda también fue golpeado y atado en una habitación.

Los delincuentes permanecieron aproximadamente una hora y media en la propiedad. Se llevaron computadoras, teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos, dólares y euros.

El 21 de octubre, la organización volvió a intentar ingresar a distintas viviendas de Coghlan. Primero fueron a dos propiedades de Manuela Pedraza al 3400 y Conde al 3200, pero no consiguieron entrar. Finalmente lograron acceder a otra casa de la última calle, luego de forzar la puerta del garaje con un destornillador.

Allí redujeron a la empleada doméstica y al propietario, a quien golpearon para que entregara dinero. Escaparon con dólares, alhajas, una consola de videojuegos y dos mochilas. Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El último de los hechos de esa serie ocurrió el 24 de octubre de 2025 en Ventura Bosch al 6000, en Liniers. Según la fiscalía, M.R.R. y otros dos cómplices ingresaron a la vivienda de una mujer de 82 años mientras dormía. La ataron y le robaron dinero, un televisor, un teléfono celular, dos tabletas, relojes, cubiertos, medicamentos y un manojo de llaves.

Las cámaras y un teléfono olvidado

La reconstrucción de los distintos episodios fue posible a partir del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las zonas de los robos.

Las filmaciones permitieron identificar los vehículos utilizados y reconstruir sus recorridos, incluso después del homicidio de Galella. A eso se sumó un elemento que resultó determinante: durante el asalto cometido en Villa Devoto, uno de los sospechosos olvidó un teléfono celular en la vivienda.

Ese dispositivo y el seguimiento de las imágenes permitieron avanzar en la identificación de los integrantes y establecer conexiones entre los distintos hechos.

En los allanamientos realizados en domicilios vinculados con los sospechosos se secuestraron armas de fuego. En una de las viviendas que compartían la oficial de Policía y su pareja encontraron una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros. A H.G.A. le incautaron un revólver Smith & Wesson calibre .32 largo.

Ocho acusados ante la Justicia

La fiscalía atribuyó a H.G.A. y J.H.T. el liderazgo y la organización de la estructura. Según el requerimiento, el primero planificaba los asaltos, vigilaba previamente los objetivos, controlaba los vehículos y también participaba como conductor. J.H.T. intervenía en la planificación y en el ingreso a las viviendas, donde atacaba a las víctimas junto con otros integrantes.

M.R.R. y M.A.F. cumplían tareas de vigilancia y actuaban como conductores o campanas. También participaban en maniobras destinadas a ocultar la procedencia de los automóviles. N.S.F.R. habría aportado uno de sus vehículos para uno de los robos, mientras que la oficial M.N.B.D.C. se ocupaba de las consultas en las bases de datos policiales.

El pedido de elevación a juicio alcanza a las ocho personas y contempla, con distintas responsabilidades según cada imputado, los delitos de asociación ilícita, robos agravados, encubrimiento y homicidio agravado criminis causae, entre otras calificaciones.

En el caso de la oficial, además, la acusación contempla agravantes vinculados con el abuso de su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La fiscalía considera que la prueba reunida permite sostener que los robos no fueron episodios independientes, sino parte de una organización que seleccionaba objetivos, distribuía tareas y utilizaba recursos específicos para ejecutar los asaltos y reducir las posibilidades de ser descubierta. Ahora será la instancia judicial la que deberá determinar las responsabilidades penales de cada uno de los acusados.