Los clientes entregaban los fajos de billetes para realizar depósitos y confiaban en que el dinero sería contado y registrado correctamente. Pero una vez que los fajos quedaban del otro lado de la caja, los empleados tenían una forma de quedarse con parte del efectivo sin que quienes estaban frente a ellos pudieran verlo.

La maniobra terminó con dos empleados del Banco Nación condenados por la Justicia Federal de Salta. Se trata de Silvia Verónica Castro, quien recibió dos años de prisión en suspenso, y su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen, condenado a seis meses, también en suspenso. Ambos fueron considerados responsables de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Tribunal Oral Federal de Salta tuvo por probados 18 de los 22 hechos que había atribuido inicialmente la fiscalía: 17 correspondieron a Castro y uno a Arias Knudsen. Además de las penas de prisión, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus condenas y deberán cumplir reglas de conducta durante dos años.

Cómo funcionaba el “pellizco”

La investigación permitió reconstruir una modalidad que en la causa fue denominada “pellizco”. Cuando un cliente entregaba una cantidad importante de efectivo, la cajera trasladaba los fajos hasta una máquina contadora ubicada en un box contiguo, fuera del campo visual del depositante. La disposición de las cajas y un vidrio esmerilado impedían que el cliente pudiera observar con claridad qué ocurría durante ese momento.

Allí, Castro retiraba algunos billetes antes de colocar el dinero en la máquina y los escondía dentro de folletos publicitarios del propio Banco Nación. En otros casos, la sustracción se producía después de una primera pasada por la contadora.

Los clientes, al advertir posteriormente que faltaba dinero en sus depósitos, muchas veces suponían que habían cometido un error al contar el efectivo. Algunos incluso repusieron los faltantes sin sospechar que habían sido víctimas de un robo.

La situación comenzó a salir a la luz el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo observó directamente cómo Castro retiraba dinero de uno de los fajos. El empleado revisó luego el folleto y encontró allí los billetes que habían sido separados del depósito.

La situación fue comunicada a las autoridades del banco, que ordenaron revisar las cámaras de seguridad. Las imágenes, que permitieron retroceder hasta registros del 19 de julio de 2023, mostraron otras operaciones similares.

22 hechos investigados, 18 acreditados

La investigación había comenzado formalmente a partir de una denuncia presentada el 29 de diciembre de 2023 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), luego de que varios clientes denunciaran faltantes de dinero después de realizar depósitos en la sucursal de Orán.

La fiscalía había identificado inicialmente 22 maniobras: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. Durante el juicio, sin embargo, el tribunal consideró acreditados 18: 17 correspondientes a la cajera y uno a su pareja. Las cámaras fueron una de las principales pruebas del caso. También declararon clientes que habían sufrido los faltantes y empleados de la entidad.

Los acusados negaron los hechos y sostuvieron que la acusación respondía a una supuesta persecución laboral y a conflictos internos del banco. La Justicia, sin embargo, consideró probada la maniobra y destacó el abuso de confianza utilizado para concretarla.

La condena

El juez Domingo Batule, que actuó de manera unipersonal, dictó el veredicto el 10 de septiembre y consideró acreditada la responsabilidad penal de ambos. La fiscalía había solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso para Castro y de un año para Arias Knudsen. Finalmente, el tribunal fijó las condenas en dos años y seis meses, respectivamente, ambas de cumplimiento condicional.

También dispuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cuatro años para Castro y un año para Arias Knudsen, además de reglas de conducta durante dos años.

Durante sus fundamentos, el magistrado sostuvo que se trató de una maniobra aceitada y que el mecanismo utilizado afectó la confianza de los clientes y, de manera indirecta, la imagen del banco. La investigación y el juicio estuvieron a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, con intervención del fiscal federal Marcos Romero.