Carlos “Conejo” Martínez sigue prófugo y con pedido de captura después de haber escapado el sábado, cuando las fuerzas federales llegaron para detenerlo en el marco de una investigación por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.

Mientras el exintendente continúa siendo buscado, la causa avanzó en los tribunales federales de Orán: el juez Gustavo Montoya dictó siete prisiones preventivas y dispuso medidas restrictivas para otros cuatro imputados. La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado distintas maniobras para introducir en el circuito legal dinero de origen ilícito, con una posible conexión con el narcotráfico.

El operativo incluyó más de 30 allanamientos y permitió secuestrar celulares, computadoras, notebooks y otros dispositivos que ahora serán analizados para determinar el funcionamiento de la organización y el recorrido del dinero.

Martínez aparece señalado por la Fiscalía como uno de los principales objetivos de la investigación y, según la hipótesis que se encuentra bajo análisis, habría recibido información anticipada sobre el procedimiento. De confirmarse una filtración, la fuga abriría además otra línea de investigación: quién conocía de antemano el operativo y cómo esa información pudo haber llegado hasta el exjefe comunal.

La causa también puso bajo la lupa el papel de personas vinculadas al manejo del dinero. Entre los imputados aparecen familiares de Martínez y dos contadores, a quienes los investigadores atribuyen un posible rol en la bancarización y circulación de los fondos. Otro de los acusados habría utilizado una carpintería como pantalla para desarrollar un sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”.

El volumen de elementos secuestrados en los procedimientos será clave para avanzar sobre esas hipótesis. Los investigadores buscan reconstruir comunicaciones, movimientos financieros y vínculos entre los distintos integrantes de la estructura para establecer de dónde provenía el dinero y cómo era incorporado al circuito formal.

Un serio antecedente

La situación de Martínez no comenzó con esta investigación. El exintendente ya había tenido problemas con la Justicia por el manejo de información vinculada a investigaciones criminales. En una causa anterior fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, luego de admitir que había recibido y difundido información confidencial relacionada con el crimen de su hermano. Esa información había sido utilizada para borrar datos de sus dispositivos e intentar influir sobre testigos.

Pero además existe un antecedente todavía más fuerte en materia de narcotráfico: Martínez había sido condenado en 2013 a cinco años de prisión por transporte de estupefacientes.

A eso se suma que años atrás el Ministerio Público Fiscal de Salta había advertido sobre filtraciones de información relacionada con procedimientos judiciales en Aguas Blancas. En ese contexto, se había señalado que datos sobre allanamientos que podían afectar a Martínez habían llegado hasta él de manera irregular.

Ahora, con el exintendente nuevamente en la mira de la Justicia y fuera del alcance de las fuerzas federales, esa vieja historia adquiere otra dimensión. La investigación deberá determinar no sólo cómo funcionaba la presunta estructura de lavado, sino también si alguien volvió a anticiparle a Martínez que la Justicia iba por él.

Por el momento, el dato concreto es que el principal acusado logró escapar antes de que llegaran a detenerlo y permanece prófugo mientras avanza una causa que ya dejó siete prisiones preventivas y decenas de dispositivos electrónicos bajo análisis.