“Si sale libre, me tengo que mudar de país”. Con esa frase, una médica psiquiatra describió ante la Justicia el temor que siente frente a la posibilidad de volver a encontrarse con un hombre que había sido su paciente y que, después de interrumpir el tratamiento, comenzó a hostigarla y amenazarla.
El caso llegó nuevamente a la Justicia porteña cuando la mujer se enteró de que el acusado, que se encontraba prófugo y era buscado por un homicidio, había sido capturado y extraditado a la Argentina. Ante esa situación, pidió medidas de protección.
El Equipo Especializado en Violencia de Género (EEVG) de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad intervino a través de la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno, bajo la supervisión de la fiscal coordinadora Genoveva Cardinali, y dispuso la intervención de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT).
Durante la entrevista, la denunciante relató que el hombre había sido su paciente durante poco más de un año. Luego de finalizar el tratamiento, continuó comunicándose con ella desde distintos números, con llamadas insistentes y amenazas. En varias oportunidades, además, le envió mensajes de contenido sexual.
La evaluación realizada por la OFAVyT consideró que se trataba de una situación de violencia de género contra una mujer, con componentes de violencia psicológica —por las amenazas, el hostigamiento y la intimidación— y violencia digital.
La víctima describió también cómo el comportamiento del acusado había modificado su vida cotidiana. Dijo permanecer en estado de alerta permanente y haber reducido prácticamente por completo sus actividades sociales.
“Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también”, relató durante la entrevista. Según explicó, dejó de salir y trabajar fuera de su domicilio con normalidad y actualmente concurre a su consultorio apenas dos veces por semana.
Con esos elementos, la fiscalía calificó los hechos como amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en un contexto de violencia de género, y solicitó medidas urgentes para proteger a la denunciante. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, subrogado por María Julia Correa, hizo lugar al pedido y estableció una serie de restricciones por dos años.
El imputado deberá abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación, intimidación o acoso contra la mujer y tiene prohibido acercarse o establecer contacto con ella por cualquier medio. Además, se dispuso una consigna policial en la puerta del consultorio donde trabaja la médica.
Las medidas fueron notificadas al acusado mientras permanece detenido por el expediente en el que se lo investiga por el homicidio. La auxiliar fiscal Ruiz Moreno se trasladó hasta el lugar de detención para comunicarle personalmente los alcances de la resolución, las consecuencias de incumplir las restricciones y los derechos que tiene dentro del proceso.
De esta manera, la Justicia porteña estableció una protección extendida en el tiempo frente al temor manifestado por la víctima ante un eventual contacto con el acusado una vez que recupere su libertad.
