Carlos Alfredo “Conejo” Martínez fue imputado como jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos. El juez federal Gustavo Montoya dispuso su prisión preventiva por dos meses ante el riesgo de fuga y de interferencia en la investigación.

Según la fiscalía, el exintendente salteño habría comprado votos con dólares y utilizado sociedades y contratos municipales para blanquear fondos del narcotráfico y el contrabando. También investigan desvíos de recursos públicos.

La acusación alcanza a tres contadores y a operadores logísticos. Uno habría administrado préstamos “gota a gota” mediante una carpintería utilizada como fachada.

La investigación está a cargo de los fiscales generales Eduardo Villalba, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA), y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). También participan la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia y los auxiliares fiscales Jorge Viltes Monier y Alberto Barbuto.

Durante la audiencia, los investigadores expusieron los resultados de una pesquisa iniciada hace dos años. Según la acusación, Martínez habría ampliado los negocios de la organización después de asumir la intendencia, en diciembre de 2023, y las actividades continuaron incluso tras su destitución, en septiembre de 2024.

Villalba, de acuerdo el sitio Fiscales, también sostuvo que el exintendente habría conseguido resoluciones favorables del entonces juez penal de Orán Claudio Parisi, destituido en diciembre de 2024 y con un juicio penal pendiente.

Por su parte, Gamba Cremaschi fundamentó el pedido de prisión preventiva en la capacidad económica de Martínez, sus conexiones políticas y la posibilidad de cruzar hacia Bolivia. La fiscalía consideró que esos factores, sumados a su fuga previa, incrementaban el riesgo de que eludiera nuevamente a la Justicia.

Los fiscales sostienen que Martínez recibía información reservada de funcionarios de fuerzas de seguridad, lo que le habría permitido escapar de los allanamientos. Después se entregó en Orán.

Hay doce imputados, ocho con prisión preventiva. La Justicia ordenó analizar 35 celulares y documentación contable.

La defensa invocó problemas de salud para oponerse al encierro. El juez rechazó el planteo y fijó seis meses para investigar.