Una Volkswagen Amarok abandonada, con el motor en marcha y las puertas abiertas, terminó en el centro de un operativo antidrogas en el norte salteño. En su interior, la Policía encontró más de 32 kilos de cocaína. Minutos después, llegó al lugar el conductor de una Toyota Prado: era un abogado de 56 años, oriundo de Haedo, partido de Morón, que quedó detenido e imputado por el transporte de estupefacientes.

La Justicia federal le dictó un mes de prisión preventiva. El acusado, identificado por sus iniciales como D.G.G., ya registra una condena de cuatro años y seis meses de prisión por narcotráfico en Neuquén, aunque esa sentencia todavía no está firme.

La investigación está a cargo del fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada Orán. La imputación fue formalizada ante la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández. La defensa apeló la prisión preventiva y pidió que el abogado cumpliera la medida bajo arresto domiciliario, pero el planteo fue rechazado.

Dos camionetas bajo seguimiento

El procedimiento comenzó el sábado 3 de octubre, alrededor de las 15.30, después de un llamado al 911 que alertó sobre un episodio con armas de fuego en la intersección de Alvear y Alberdi, en la ciudad de Orán. Una testigo relató que varias personas armadas habían abordado a un hombre y lo habían subido a otro vehículo antes de dirigirse hacia la ruta nacional 50. El centro de monitoreo de cámaras de seguridad identificó dos camionetas involucradas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado.

A partir de ese seguimiento, efectivos policiales se desplazaron hacia la ruta provincial 18, en dirección a Isla de Cañas. Por un camino alternativo que conduce a un río de la zona encontraron la Amarok con el motor encendido y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con paquetes sospechosos.

Tres minutos más tarde, los policías observaron la llegada de la Toyota Prado desde la zona del río. El vehículo era conducido por el abogado, quien fue detenido en el lugar.

En la camioneta también secuestraron dos teléfonos celulares y detectaron un corte en el piso, a la altura del tanque de combustible. Con autorización judicial, los efectivos requisaron la Amarok y confirmaron que los paquetes contenían más de 32 kilos de cocaína, distribuidos en bloques de un ancho menor al habitual, aparentemente cortados por la mitad.

Una condena anterior por transportar cocaína

El antecedente del imputado se remonta al 4 de julio de 2022. Ese día fue detenido en Neuquén mientras conducía un vehículo cuyo motor ocultaba cuatro kilos de cocaína.

Por ese caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén lo condenó en 2025 a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes. Sin embargo, la pena no está firme: la defensa presentó un recurso de queja que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En aquella investigación se había establecido que el abogado estuvo en Orán cinco días antes de su detención e incluso tramitó allí un carnet de conducir. Esos elementos respaldaron la hipótesis de que la droga había sido trasladada desde esa ciudad salteña hasta Neuquén.

Qué dijo el abogado

Durante su descargo, D.G.G. negó tener relación con la cocaína y sostuvo que había sido víctima de un secuestro vinculado con un supuesto ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario. Según su versión, viajaba habitualmente a Orán y Aguas Blancas y cruzaba a Bolivia para comprar celulares y otros artículos que luego revendía. También dijo que el 3 de octubre había viajado para visitar a una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes.

El abogado aseguró que un conocido de Bolivia le había encargado gestiones legales para adquirir una propiedad de tres pisos en el barrio porteño de Liniers. La operación, afirmó, se frustró después de que robaran los 70.000 dólares destinados a la compra. Según su relato, el supuesto comprador lo responsabilizó por el dinero y lo amenazó.

También declaró que cinco hombres armados y encapuchados lo habían golpeado y amenazado con matarlo y arrojarlo al río. La fiscalía señaló contradicciones en su relato sobre el recorrido y las circunstancias del episodio. La defensa cuestionó la imputación y pidió que la prisión preventiva fuera reemplazada por el arresto domiciliario. La jueza rechazó el planteo y dispuso un mes de detención preventiva.

La decisión fue revisada por la Sala II de Revisión, integrada por los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Ernesto Solá, que confirmó la medida. Para la fiscalía, todavía existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El análisis de los teléfonos secuestrados podría aportar nuevos elementos para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades en el caso.