La querella sostiene que habría usado sociedades, cuentas bancarias y personas de su entorno para ocultar el origen de fondos vinculados con la explotación sexual de mujeres. La defensa cuestionó, entre otros puntos, que varias de las operaciones atribuidas sean anteriores al período investigado.
Matías Álvarez, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, solicitó que Raúl Luis Martins sea enviado a juicio por presuntas maniobras de lavado de activos. El pedido fue presentado en la causa CFP 2426/2013, luego de que el empresario fuera indagado por este tramo de la investigación tras concretarse su extradición a la Argentina.
Según el requerimiento, Martins habría administrado bienes y sociedades mediante poderes formales y a través de personas de su entorno familiar y de confianza. Para la UIF, ese entramado habría servido para reintroducir en el circuito financiero y comercial fondos que, de acuerdo con la acusación, provenían de la explotación sexual de mujeres.
La investigación tiene como antecedente la actividad que se habría desarrollado en un local de la avenida Juan B. Justo al 5300, en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 5 de enero de 2013 y el 27 de octubre de 2014. En el escrito, la querella sostiene que el establecimiento funcionaba bajo distintos nombres comerciales y que parte de las mujeres que trabajaban allí debía entregar dinero por las copas y por encuentros sexuales fuera del lugar.
La UIF atribuyó a Martins 26 operaciones patrimoniales y financieras. Entre ellas, mencionó la administración de sociedades como MALOAR y PICU, cuentas bancarias y plazos fijos, además de operaciones con inmuebles y vehículos. También describió movimientos realizados a través de Cledi Presilla Coggiola, madre de Martins, y de otras personas de su entorno, entre ellas Virginia Inés Solís y Estela y Natalia Percival.
El requerimiento sostiene que esas personas habrían intervenido en operaciones cuyo volumen, según informes patrimoniales citados en el escrito, no se correspondía con sus ingresos declarados. La querella afirma que Martins ejercía el control efectivo del esquema aunque no figurara formalmente como titular de varios de los bienes y sociedades.
La defensa cuestionó la imputación y planteó que 22 de las 26 operaciones señaladas serían anteriores al período en que se tuvo por acreditada la explotación sexual en el local de Juan B. Justo. También sostuvo que algunas maniobras no tenían una fecha precisa, que otras involucraban bienes sin relación con la actividad investigada y que no se había demostrado el origen ilícito de los fondos ni el conocimiento de Martins sobre ese supuesto origen.
El pedido de la UIF se refiere al tramo por lavado de activos. La acusación por explotación económica de la prostitución ajena y asociación ilícita ya fue elevada a juicio y está radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7. La solicitud de elevar a juicio el expediente por lavado debe ser resuelta por la Justicia.
