La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reivindicó en X los resultados del Plan Güemes, pero recibió un cuestionamiento del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.
El intercambio se produjo después de que la Justicia federal imputara al exintendente de esa localidad, Carlos “Conejo” Martínez, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Según la acusación, habría utilizado sociedades y contrataciones municipales para disimular fondos del narcotráfico y el contrabando. El juez Gustavo Montoya le dictó dos meses de prisión preventiva.
El balance de Monteoliva
Al cumplirse 22 meses de su implementación, Monteoliva recordó que había diseñado e iniciado el plan cuando era secretaria de Seguridad. Lo calificó como un “éxito total” y sostuvo que las operaciones perjudicaron los intereses de las organizaciones criminales.
La ministra aseguró que esperaba el malestar de narcotraficantes y contrabandistas frente a las medidas. “Mala suerte para ellos”, expresó.
La respuesta desde Aguas Blancas
Zigarán acompañó su reclamo con un video y apuntó al puesto N.º 28 de Gendarmería, sobre la ruta nacional 50. Según afirmó, una empresa interurbana realiza alrededor de 30 servicios diarios por ese corredor sin los controles correspondientes.
El interventor también cuestionó la falta de interlocutores nacionales para plantear problemas del operativo. “Algo huele mal”, escribió al dirigirse a Monteoliva.
La ruta conecta Orán con Aguas Blancas. El señalamiento del funcionario refiere al funcionamiento de ese puesto; las imágenes difundidas no permiten determinar por sí solas si la situación se repite sistemáticamente.
Reclamos anteriores
Zigarán ya había pedido revisar el dispositivo durante septiembre. En declaraciones a La Gaceta, propuso una segunda etapa del Plan Güemes ante los cambios en las modalidades delictivas y reclamó reforzar la vigilancia aérea y el control de las encomiendas.
El operativo comenzó en diciembre de 2024 para reforzar el control territorial en la frontera norte y enfrentar el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Ahora, su aplicación vuelve a quedar bajo discusión pública entre la conducción nacional y el interventor de una de las localidades alcanzadas por el despliegue.
