El combate contra las organizaciones criminales ya no se limita a detener a quienes ejecutan los delitos. En Rosario, funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y organismos especializados pusieron el foco en otro frente: seguir la ruta del dinero, detectar los mecanismos de lavado y atacar la estructura económica que permite a las bandas sostenerse y reconstruirse.

El planteo surgió durante una jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos realizada este miércoles en el Complejo Cultural Parque de España, con la participación de unas 130 personas entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, integrantes del Poder Judicial, fiscales, fuerzas de seguridad y organismos vinculados con inteligencia financiera e investigación patrimonial.

Durante la apertura, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que el desafío hacia adelante es avanzar sobre los recursos económicos de las organizaciones y sobre los profesionales que puedan prestarles asistencia. “El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, afirmó.

La advertencia apunta a una etapa distinta de la persecución penal: no solamente identificar a quienes venden droga, ejecutan ataques o manejan los territorios, sino también reconstruir cómo se administra, oculta y mueve el dinero obtenido mediante esas actividades.

Pullaro destacó en ese sentido el trabajo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y del Comité de Bloqueo Económico provincial. También sostuvo que las investigaciones deben profundizarse sobre quienes intervienen en la administración de recursos ilegales y en maniobras destinadas a ocultar su origen.

“La plata que ganás a través del delito la vas a perder”, resumió el gobernador.

La ruta del dinero

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, puso el foco en la necesidad de que la inteligencia financiera llegue a tiempo a las investigaciones judiciales. “En la UIF recibimos alertas, conectamos información y producimos inteligencia financiera. Pero si nuestro análisis llega tarde o no les sirve a los fiscales para actuar, no estamos cumpliendo el objetivo de desarticular las estructuras criminales”, señaló.

Según explicó, el objetivo es que la investigación económica permita afectar la capacidad de las organizaciones para financiarse y volver a organizarse incluso después de sufrir golpes policiales o judiciales. “Que una organización pierda integrantes es un paso. Que pierda la capacidad de financiarse y reconstruirse es el objetivo”, planteó Álvarez.

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, incorporó otra dimensión al problema: sostuvo que la criminalidad económica no solamente provoca perjuicios patrimoniales, sino que también distorsiona mercados, afecta los ingresos públicos y tiene consecuencias sobre las condiciones de vida.

Una mesa con Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad

La actividad fue organizada por la UIF, el Ministerio de Justicia de la Nación, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. En la apertura también participaron el intendente Pablo Javkin y el fiscal de Distrito Rosario, Matías Scilabra.

A lo largo de la jornada se analizaron las estrategias de coordinación entre organismos nacionales y provinciales, el juzgamiento de organizaciones criminales complejas bajo el sistema acusatorio, las herramientas de investigación financiera y patrimonial y las estrategias para desarticular redes criminales.

También se abordó el trabajo del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), con participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y los mecanismos de cooperación operativa entre las distintas instituciones.

Para Javkin, la discusión implica ampliar el concepto de persecución criminal: “El combate a una organización criminal no es solo el combate en territorio”, sostuvo durante la apertura.

La idea que atravesó el encuentro fue concreta: una organización puede perder integrantes, armas o puntos de venta y, sin embargo, continuar funcionando si conserva el dinero y los mecanismos para volver a financiar sus operaciones. Por eso, la nueva batalla planteada por las autoridades apunta también a ese circuito.