La defensa de Cristian Gabriel “Pity” Álvarez salió a cuestionar el informe del Cuerpo Médico Forense que determinó que el músico está en condiciones psíquicas de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano.

El dictamen fue incorporado este martes al expediente que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y concluyó que las funciones psíquicas necesarias para comprender el proceso y ejercer sus derechos procesales se encuentran compensadas. La evaluación había sido ordenada después de que el juicio quedara suspendido para determinar si Álvarez podía continuar participando del debate.

Pero el resultado no cerró la discusión. En un comunicado difundido este 6 de octubre, los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, integrantes de la defensa técnica, expresaron su “absoluta” discrepancia tanto con el procedimiento utilizado como con las conclusiones del informe.

El principal cuestionamiento apunta al modo en que se realizó la pericia. Según la defensa, se habría violado el artículo 262 del Código Procesal Penal de la Nación porque el dictamen ya estaba confeccionado antes de que se produjera la deliberación prevista entre los peritos y sin esperar adecuadamente la intervención de los profesionales designados por los abogados de Álvarez. Ese planteo será llevado formalmente ante el tribunal.

Los abogados también cuestionaron la valoración de la documentación incorporada al expediente. Sostienen que no fueron ponderadas determinadas constancias médicas aportadas por la defensa, mientras que sí se tuvo en cuenta material televisivo presentado por el Ministerio Público Fiscal. Para los abogados, esa diferencia podría afectar el debido proceso y el principio de igualdad de armas.

La defensa además afirma que existe una contradicción entre el desarrollo del dictamen y sus conclusiones. Por ese motivo anticipó que pedirá explicaciones y que analizará planteos relacionados con la actuación de los profesionales que participaron de la evaluación, incluida una eventual recusación.

El conflicto puede tener consecuencias concretas sobre la continuidad del juicio. Los abogados adelantaron que también realizarán presentaciones ante organismos administrativos y disciplinarios y ante la Justicia Federal para que se determine si pudo existir un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público o falsedad ideológica de instrumento público. La propia defensa aclaró que no está formulando una imputación categórica, sino que pretende que esos hechos sean investigados.

El juicio, otra vez en el centro de la pelea

El debate contra Álvarez comenzó el 10 de agosto y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El músico está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Desde el inicio, la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso fue uno de los principales puntos de conflicto entre la defensa y la fiscalía. En agosto, el tribunal ya había rechazado pedidos para suspender o anular el juicio y había ratificado la continuidad del debate.

A fines de septiembre, sin embargo, el tribunal volvió a suspender el juicio y ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria después de una nueva internación del músico y de la intervención de la Justicia Civil. El objetivo era determinar si podía continuar en el proceso sin que eso afectara sus garantías constitucionales.

La pericia finalmente se realizó el lunes 5 de octubre en la sede del Cuerpo Médico Forense. Participaron profesionales oficiales y peritos designados por la defensa. El informe concluyó que Álvarez está en condiciones de afrontar el proceso. Ahora la discusión pasa a otro terreno: la defensa no sólo rechaza el resultado, sino que cuestiona la forma en que se llegó a ese resultado.

Además, los abogados plantearon que existen consecuencias procesales derivadas de la suspensión del debate. Invocaron el artículo 365 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece como regla un máximo de diez días para una suspensión y prevé la realización de un nuevo debate bajo pena de nulidad cuando ese plazo es excedido. Ese planteo también deberá ser resuelto por los órganos judiciales intervinientes.

El Tribunal tiene ahora que definir cómo sigue el proceso a partir del nuevo informe y de los planteos de la defensa. Según lo informado públicamente, se convocó a las partes a una audiencia para este viernes 9 de octubre, donde se analizará el resultado de la evaluación y el futuro inmediato del debate.