Golpes denunciados, medicamentos que todavía no habían sido devueltos, pertenencias sin entregar y dificultades para recibir visitas. Esas son algunas de las situaciones que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) relevó durante una inspección al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, donde fueron trasladados presos de la cárcel de Villa Devoto y del Complejo Penitenciario Federal II.

El organismo realizó la visita el lunes 19 de octubre junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires. En su informe, advirtió que varias de las situaciones detectadas requieren atención urgente y reclamó medidas para garantizar la salud, la educación y los vínculos familiares de las personas detenidas.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fueron los testimonios coincidentes sobre presuntas agresiones físicas y otros hechos de violencia atribuidos a agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Según las entrevistas realizadas, esos episodios habrían ocurrido tanto en Devoto como durante los operativos de traslado y en el nuevo complejo de Marcos Paz, en el marco de protestas por la falta de entrega de pertenencias.

Las denuncias deberán ser evaluadas por las autoridades competentes. El CNPT adelantó que elaborará un informe con los hallazgos y las recomendaciones correspondientes, que será remitido a los organismos involucrados y, cuando corresponda, a la Justicia.

Ocho días para poder inspeccionar el penal

La visita de los organismos de control se concretó ocho días después del inicio de los traslados. El ingreso recién pudo realizarse luego de que el CNPT y la PPN presentaran conjuntamente un hábeas corpus el miércoles 14 de octubre, ante las restricciones que impedían sus tareas de supervisión.

El episodio se produjo en medio de la controversia por el operativo de traslado de los detenidos de Devoto al nuevo complejo penitenciario. La Procuración Penitenciaria había cuestionado la falta de comunicación previa a las defensas y a los juzgados intervinientes, además de las dificultades para acceder a las personas alojadas en las cárceles.

El 16 de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo, pero dispuso que se garantizara de inmediato el ingreso de personal de la PPN a los establecimientos para inspeccionar y monitorear las condiciones de detención. También ordenó respetar el protocolo de comunicación de los próximos traslados a los órganos judiciales y las defensas.

Medicamentos y ropa que todavía no habían sido entregados

Durante la inspección, el CNPT detectó demoras importantes en la restitución de las pertenencias personales. En algunos pabellones, menos de la mitad de los detenidos había recibido su ropa y, aun entre quienes ya tenían sus prendas, persistían faltantes de otros objetos.

Como consecuencia, numerosas personas continuaban utilizando únicamente la ropa que llevaban puesta al momento del traslado, en algunos casos desde el comienzo de la semana anterior.

La situación más delicada es la de quienes todavía no habían recuperado sus medicamentos de uso personal. El organismo advirtió que la demora podría comprometer la continuidad de tratamientos médicos y afectar el derecho a la salud.

Por ese motivo, reclamó medidas inmediatas para garantizar el acceso a la medicación, acelerar la entrega de todas las pertenencias y asegurar la provisión de ropa y elementos de higiene.

El Comité también recibió información sobre los exámenes médicos realizados al ingreso al nuevo complejo. Según las alegaciones recogidas, los controles habrían sido superficiales y no se habrían desarrollado en condiciones que garantizaran la independencia requerida por los estándares internacionales.

El señalamiento adquiere relevancia frente a los testimonios sobre presuntas agresiones, ya que los exámenes de ingreso deben permitir identificar y documentar posibles lesiones y otros indicios de malos tratos, con confidencialidad e independencia profesional.

Los estudiantes universitarios quedaron sin una oferta equivalente

Otro de los puntos cuestionados fue la interrupción de las trayectorias educativas de los detenidos que cursaban carreras universitarias en el Centro Universitario Devoto (CUD), que funciona en articulación con la Universidad de Buenos Aires.

Según el CNPT, el nuevo complejo de Marcos Paz no cuenta con una oferta educativa equivalente. Las autoridades penitenciarias informaron que estaba previsto trasladar a esos estudiantes al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que pudieran continuar sus estudios, aunque no precisaron cuándo se concretaría la medida.

El organismo pidió adoptar soluciones que garanticen la continuidad de las cursadas y eviten que la reorganización penitenciaria implique un retroceso en el derecho a la educación.

La cuestión ya había sido planteada en las presentaciones judiciales vinculadas con los traslados, que generaron preocupación por la interrupción de las actividades universitarias y la falta de información previa sobre el destino de los detenidos.

Más de dos kilómetros a pie para llegar a las visitas

Las condiciones de acceso al nuevo establecimiento también encendieron una señal de alarma. La oferta de transporte público que llega hasta el complejo es limitada y, desde el punto más cercano al que pueden acceder mediante esos servicios, los familiares deben caminar más de dos kilómetros hasta el ingreso.

Para el CNPT, esas dificultades pueden convertirse en un obstáculo significativo para sostener el contacto entre las personas detenidas y sus familias.

El Comité recordó que los estándares internacionales obligan a los Estados a facilitar las visitas y evitar que las distancias y las dificultades de transporte impongan barreras adicionales a los vínculos afectivos. También pidió contemplar especialmente las necesidades de niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad.

El organismo sostuvo que los traslados debieron contemplar de manera integral sus consecuencias sobre los derechos de los detenidos. Según su evaluación, muchas de las dificultades identificadas podrían haberse evitado con una implementación más gradual, una mejor organización logística y una comunicación previa, clara y oportuna con las personas alojadas y sus familias.

El CNPT anunció que continuará monitoreando la situación del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz y que remitirá sus hallazgos y recomendaciones a las autoridades competentes.