Carlos “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, se entregó el miércoles 7 de octubre en una dependencia policial de Orán y quedó a disposición de la Justicia Federal. Era buscado desde el sábado, cuando no fue localizado durante los procedimientos ordenados en una causa por asociación ilícita y lavado de activos.
Según publicó El Tribuno, la detención de sus hijos, su expareja y su actual pareja habría influido en su decisión de presentarse. Los investigadores también buscan establecer si recibió una advertencia que le permitió escapar antes de los allanamientos.
La sospecha central es que la estructura municipal habría servido para dar apariencia legal a dinero del narcotráfico y el contrabando. Los fiscales Eduardo Villalba y Diego Velazco describieron un circuito de empresas y contrataciones públicas que, según la acusación, encubrían movimientos de fondos ilícitos.
Una vez en el cargo, habría ampliado la organización mediante operaciones comerciales y municipales. Los investigadores sostienen que esas actividades continuaron después de su salida del gobierno local, en septiembre de 2024.
El mecanismo investigado consistía en introducir el dinero ilegal, distribuirlo entre cuentas y sociedades y recuperarlo como patrimonio aparentemente legítimo. Las compras de bienes y las contrataciones de servicios habrían dado cobertura a esas maniobras.
Antes de la entrega del exintendente, el juez federal Gustavo Montoya había dispuesto siete prisiones preventivas y restricciones para otros cuatro imputados. En los 32 allanamientos se secuestraron 35 celulares, documentación contable y equipos informáticos.
Por último, un mito urbano le atribuye a Martínez haber financiado la compra de votos con dólares para llegar a la intendencia en 2023. «Se trata de algo que se dice entre los habitantes de Orán, pero no fue comprobado», indicaron fuentes del caso a El Policial.
Para este jueves 8 de octubre estaba prevista la audiencia de Martínez, en la que la fiscalía podría atribuirle formalmente el rol de jefe de la presunta asociación ilícita. Su situación debía resolverse por separado de las medidas ya dictadas contra los otros acusados.
Martínez registra una condena de 2013 por transporte de estupefacientes y un procesamiento en otra causa por lavado, originada en el hallazgo de 100 mil dólares ocultos en su camioneta en 2019. También fue condenado en la Justicia provincial por divulgar información reservada y entorpecer la investigación del asesinato de su hermano. Esos antecedentes corresponden a expedientes distintos del que motivó su entrega.
